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EL USURERO PACTO BINACIONAL QUE LA
PAPELERA BOTNIA LE IMPUSO A URUGUAY.
PARA UNA JOYA LEGAL DEL
MENEMISMO: URUGUAY TIENE QUE INDEMNIZAR A LA EMPRESA HASTA SI LE HACEN UNA
MANIFESTACIÓN EN LA PUERTA. EL ACUERDO CON FINLANDIA FUE IMPUESTO EN 2003 CON
LA DURA OPOSICIÓN DEL FRENTE AMPLIO.
Supongamos que las
papeleras que se construyen en Fray Bentos comienzan a funcionar. Pasa el
tiempo, un día ocurre un problema de contaminación. Los vecinos de Fray Bentos
protestan. Y sus acciones –cortes de ruta que bloquean la entrada de camiones
a las plantas, por ejemplo– perjudican a las empresas. La situación es nada más
que una conjetura, pero ya está prevista y sus consecuencias, férreamente
pautadas: el Estado uruguayo se verá obligado a indemnizar a las plantas de
celulosa por sus pérdidas, aunque sean culpables de afectar el ambiente. Así
lo establece el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con
Finlandia, en cuyo artículo 6 se lee, sin maquillaje: “Los inversores que
sufran pérdidas” por “revueltas, insurrecciones o manifestaciones” serán
indemnizados “en efectivo, en moneda de libre conversión e inmediatamente
transferible”, con una cifra que se calculará según el criterio “que
resulte más favorable” a los dueños de las empresas.
Botnia,
la compañía finlandesa que levanta del otro lado del río la megaplanta de
procesamiento de pulpa de madera, impuso el acuerdo entre los dos países como
condición para instalarse en territorio uruguayo.
Fue en
el año 2002, durante la presidencia de Jorge Batlle, antes de que la empresa
iniciara las obras de construcción. Es una paradoja que la imposición fuera
conocida por la actitud del Frente Amplio, que se opuso a su firma. La coalición
que poco tiempo después llevaría al gobierno a Tabaré Vázquez argumentó
entonces, con razones ahora borradas de su discurso, sobre los riesgos de este
instrumento legal que dejó a los uruguayos en una posición muy débil para
intervenir en lo que las papeleras hagan en su territorio.
El
acuerdo fue suscrito el 21 de marzo de 2002, en Montevideo, entre el Poder
Ejecutivo de Uruguay y el de Finlandia. El Senado lo aprobó el 15 de octubre
siguiente y la Cámara de Representantes, el 4 de mayo de 2004. Votaron a favor
las bancadas del Partido Nacional, el Colorado y el Independiente. Se opusieron
todos los legisladores de Encuentro Progresista-Frente Amplio. El debate quedó
asentado en versión taquigráfica.
En las
formas, es un convenio para la protección de las inversiones de cada país en
el otro, en un tono de reciprocidad. Pero su aprobación fue una exigencia de
Botnia. En la discusión del Parlamento nadie lo negó. Al contrario. El
diputado Pablo Mieres (Independiente) fundamentó así su postura: “He votado
afirmativamente porque parece imprescindible que se proceda con la mayor
urgencia para la aprobación de esta inversión. ¡Como si Uruguay viviera en un
mundo lleno de inversiones! Acá pasamos meses tratando de aprobar este acuerdo
que, como todos sabemos, es el marco necesario para una inversión de mil
millones de dólares. Lamentamos que no haya sido por unanimidad. Pero bueno,
aunque sea con una mayoría ajustada, está la ley y, por lo tanto, estarán las
inversiones” (Actas de la Sesión de la Cámara de Representantes del
04-05-04).
Su par
Naum Bergstein (batllista) completó el concepto: “En el mundo entero hoy las
grandes empresas privadas no hacen inversiones importantes fuera de fronteras si
no median previamente estos acuerdos de protección recíproca”, dijo.
Dolores
de cabeza
Los artículos
más cuestionados del Acuerdo Uruguay-Finlandia fueron el 5, 6 y 9. Ellos
norman:
- Que
las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni indirectas (la
figura de “expropiación indirecta” es una novedad).
- Que
el Estado deberá indemnizar las pérdidas por manifestaciones o revueltas.
- Que
en caso de controversia, las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales
y llevar el tema a tribunales internacionales, según les parezca. La oposición
al Acuerdo fue encabezada por el Frente Amplio. La diputada Raquel Barreiro, según
consta en la versión taquigráfica, sintetizó así su rechazo: “Estamos de
acuerdo con las inversiones, pero no con cualquier inversión. Las inversiones
deben tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la vida digna
de los ciudadanos y, en lo posible, el futuro de la vida de nuestros hijos,
porque el cuidado del medio ambiente implica dejar un mundo sano y saludable
para ellos”.
La
legisladora cuestionó que se otorgara a las empresas la facultad de elegir, en
caso de diferendos, al tribunal arbitral. “Nosotros siempre nos hemos opuesto
a esto, porque el inversor se coloca en un plano superior al del Estado y elige
los tribunales (privados) que más le convengan. Se elude la jurisdicción de
los tribunales nacionales, con lo que la soberanía descansa muy maltrecha”.
Su
compañera de bancada Silvana Charlone se refirió a la expropiación indirecta:
“Me gustaría saber (a qué se refiere el convenio) cuando habla de
expropiaciones indirectas –cosa que no ha aparecido en otros tratados–.
Nosotros pensamos que vamos a ser gobierno y no sé si nuestra futura reforma
tributaria puede ser entendida como una expropiación indirecta de la cual más
tarde nos vamos a tener que responsabilizar”.
Aquella
sesión de aprobación de la ley se hizo cinco meses antes del cambio de
gobierno, luego de varios intentos fallidos de sancionarla, cuando los votos del
Frente Amplio en el Parlamento estaban en minoría. Tras convertir el acuerdo en
ley, el diputado Ricardo Castromán, del Partido Socialista, hizo una lectura a
futuro: “Creo que esto le va a traer muchos dolores de cabeza al Estado
uruguayo, cualquiera sea la conducción política que a partir de octubre tome
los destinos del país”, dijo a Radio El Espectador. El acuerdo “no da
muchas salvaguardas: les da todas las salvaguardas”.
“Enclaves
extranjeros”
Los
especialistas consultados por Página/12 coinciden en que el punto más
perjudicial es el que permite a las empresas saltearse la Justicia uruguaya, por
la desprotección que eso implica para los ciudadanos. Si una controversia entre
las partes no es resuelta de manera amistosa en el término de seis meses, dice
el Acuerdo, “la misma, a criterio del inversor”, podrá ser llevada a un
tribunal arbitral internacional. El texto pone como opciones la Corte
Internacional del Centro para la Solución de Controversias (Icsid) y un cuerpo
ad hoc que tome las normas de Naciones Unidas.
También
es visto con preocupación el concepto de expropiación indebida. Y un párrafo
que establece que “cada Parte Contratante no impedirá, con medidas injustas,
o arbitrarias o discriminatorias, la administración de las inversiones”.
¿Qué
pasaría en el caso de que el gobierno de Tabaré quisiera, a pedido de la
Argentina, modificar el funcionamiento de las plantas papeleras? ¿Podría el
convenio impedir la suspensión de las obras por 90 días, como intenta acordar
Buenos Aires con Montevideo? No está tan claro. “Pero en principio –señalaron
los consultados–, cualquier cambio en las condiciones en las que se pautó
inicialmente la inversión puede hacer que las firmas se consideren con derecho
a reclamar.”
El
Acuerdo fue denunciado por el fiscal uruguayo Enrique Viana en su demanda contra
el Ministerio de Vivienda por haber autorizado la instalación de las fábricas.
El fiscal apuntó allí un dato agravante: Botnia y Ence tendrán dos zonas
francas. “Se constituyen así verdaderos enclaves extranjeros privados: áreas
cercadas y aisladas eficientemente”.
Sería
un error mirar este acuerdo como algo excepcional, inédito. Porque aunque
algunos de sus artículos, como el que anticipa una indemnización si hay
manifestaciones, son realmente notables, el convenio debe ser puesto en un
contexto más amplio: el de los avances del poder de las empresas
transnacionales sobre los países periféricos. Firmados a partir de ladécada
del ’90, no sólo Uruguay si no también la Argentina tiene convenios de este
estilo. Son una de las nuevas formas de dependencia económica, que subordina
las leyes locales e incluso los instrumentos básicos del derecho internacional.
En Argentina, en base a un Tratado con Estados Unidos, Azurix busca cobrar 550
millones de dólares por un intento fallido de implementar un sistema
privatizado de agua en la provincia de Buenos Aires. En Bolivia, tras la guerra
del agua, Bechtel Agua del Tunari denunció al gobierno por el Tratado Países
Bajos-Bolivia.
El
acuerdo Finlandia-Uruguay es un corsé que limita (por un período de 20 años)
las posibilidades de acción del gobierno de Tabaré Vázquez para solucionar el
conflicto abierto por las papeleras. Tiene un extenso período de vigencia, de
20 años. Nos guste o no de este lado del río, estará como trasfondo de todas
las negociaciones entre Uruguay y Argentina.
Por
Laura Vales
Fuente:
diario "Página 12"
Más
información: www.pagina12.com.ar
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NO A LAS
PAPELERAS - Enero 2006 | 
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